COCEMFE ASTURIAS comparte la reclamación del CERMI sobre la necesidad de cobertura legal para decisiones de órganos de tratados internacionales de derechos humanos

COCEMFE Asturias se une a la solicitud del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en su llamado al nuevo Parlamento para abordar la ausencia de mecanismos legales en el Derecho español, que permitan implementar las decisiones de órganos encargados del seguimiento de tratados internacionales de derechos humanos. Estas decisiones, surgidas en respuesta a quejas y reclamaciones de ciudadanos españoles, no encuentran actualmente un canal efectivo para su implementación en el territorio nacional.

Cada vez son más las decisiones de estos órganos que respaldan a individuos cuyos derechos, contemplados en tratados internacionales de los que España es parte, han sido vulnerados. Sin embargo, estos individuos quedan desamparados en España al no existir un procedimiento jurisdiccional o administrativo que garantice la efectividad de dichas decisiones.

Es por ello que desde el CERMI se resalta que, ante este vacío en la legislación, es imperativo que tanto el Parlamento como el Gobierno tomen la iniciativa de promover una legislación que remedie este déficit. Las decisiones de órganos internacionales deben reflejarse adecuadamente en el Derecho nacional.

Es esencial que los tratados internacionales de derechos humanos, en especial aquellos con mecanismos de reclamación disponibles para particulares, se vean respaldados por procedimientos internos que les otorguen efectividad. Lamentablemente, la legislación actual no aborda este aspecto vital.

Por ello, buscando resolver esta laguna legal, el CERMI junto con la Fundación Derecho y Discapacidad, ya elaboraron y presentaron una propuesta de modificación normativa a los Ministerios de Justicia, Exteriores y Derechos Sociales, aunque no ha habido respuesta ni acciones concretas por parte de dichos departamentos.

Desde COCEMFE Asturias, se insta a las autoridades competentes a tomar medidas y garantizar que los derechos de todos los ciudadanos, consagrados en tratados internacionales, sean efectivamente protegidos y respetados en España.